“Yo soy un defensor del medio ambiente” le responde el presidente Pedro Castillo al semanario Hildebrant en sus 13 cuando le preguntan sobre el derrame de petróleo más grave de la historia, “van a tomarse medidas” concluye. Sin embargo, varias de las “medidas” tomadas por el actual gobierno parecen apuntar en sentido contrario.
La primera de ellas ocurrió el 16 de agosto de 2021. Apenas dieciocho días después de asumir como presidente de todos los peruanos y tras un discurso donde destacó el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente, Castillo y su entonces premier, Guido Bellido, firmaron el oficio 554 – 2021-PR dirigido a la actual presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.
El documento tuvo como objetivo observar la aplicación de una autógrafa de ley que buscaba fortalecer el sistema de remediación ante posibles derrames y fortalecer las cuencas de los ríos.
En el documento de 20 páginas, que pasó desapercibido por la opinión pública, el actual gobierno impidió la aprobación de la “Ley que establece acciones de protección, descontaminación, remediación y recuperación de cuencas hidrográficas afectadas por daños ambientales”
¿Qué motivó a la dupla Castillo-Bellido a frenar una ley con errores, pero esencialmente pro ambientalista?
El dictamen fue aprobado en la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, presidida por el ex congresista del Frente Amplio, Lenín Bazán y luego aprobado por el pleno del anterior congreso.
Según Bazán, esa ley le hubiese permitido al gobierno actuar de manera más rápida y eficiente frente al cataclismo ambiental generado por el derrame de petróleo de la empresa REPSOL porque “contemplaba acciones de mitigación y control de manera más rápida”.
“La ley obligaba al gobierno a tener un plan de acción claro con responsabilidades penales y administrativas. Además, planteaba como una necesidad pública y de interés nacional la descontaminación, la remediación y recuperación de decenas de cuencas lagos y lagunas a nivel nacional”.
Según el ex congresista Bazán, el dictamen consideró una investigación elaborada por OXFAM, en base a información de la OEFA y OSINERGMIN, la cual revela un preocupante incremento de derrames y pasivos ambientales a nivel nacional.
“Necesitábamos un marco legal que nos permita reaccionar ante emergencias que vienen incrementándose a lo largo del territorio nacional y que actualmente no se dan de manera articulada. Esta ley nos hubiese dado herramientas para poder reaccionar de mejor manera antes este grave derrame de petróleo”.
Aprobar una ley para proteger el medio ambiente significa confrontar con intereses de empresas del sector hidrocarburos. Esta no fue la excepción “Como ocurre con todas las leyes que involucran al sector hidrocarburos, generó reacciones en todos los ministerios. Pese a ello, yo coordiné con el presidente de la bancada Morada, el ex congresista Daniel Olivares, para que le explique al presidente Sagasti su importancia y que no la observe” comenta Bazán.
El ex congresista Olivares, hoy vicepresidente de la ONG Oceana, no descartó la versión de Bazán.
Faltaban pocos días para que Sagasti deje la presidencia y no observó la ley.
“La elección de Castillo se veía venir. Nosotros creímos que, al ser un gobierno de izquierda, popular, iba a promulgar la ley, pero no. Fue la primera ley que observó. Si no lo hacía, el Congreso actual la promulgaba como hacía con las leyes aprobadas en la gestión anterior”.
Para Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del área de litigio constitucional del Instituto de Defensa Legal, la ley tenía algunos problemas porque proponía el uso de recursos públicos y el congreso no tiene iniciativa de gasto. Pero considera que planteaba medidas de fondo para prevenir y contrarrestar desastres como el que ocurre en Ventanilla.
Porque este derrame de petróleo no es un hecho aislado.
Según Miguel Levano, coordinar de programas de OXFAM y del sub grupo de trabajo sobre derrames petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la cantidad de derrames de petróleo y de pasivos ambientales se incrementó notablemente del 2016 al 2019. La mayoría (49%) por fallas operativas.
“Llegar a esas conclusiones no fue fácil. Hubo que analizar al detalle dos fuentes de información pública que se contradecían, la que proporcionaba la OEFA y la de OSINERMIN”.
Si no sabemos lo que está pasando, el Estado no podrá tener estrategias eficientes de prevención, ni tampoco mecanismos de remediación.
“Si hay un accidente, ¿qué medidas tomamos? ¿qué garantías brinda el Estado? y en este caso ¿cómo se exige que las empresas cumplan con esas garantías lo más rápido posible por el bienestar de la población cercana? Para ello se necesita información oficial clara y mayor investigación. Estas contradicciones entorpecen ese proceso” comenta Levano.
Para Lévano está claro que “la ley permitía acelerar los procesos de emergencia ambiental ante afectaciones como los derrames petroleros … Esperábamos el respaldo de este gobierno porque hubiese ayudado a tener mejores mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia y derrames”. Poco tiempo después el gobierno que insiste hoy en ser un defensor del medio ambiente, la descartó.
Los ríos, como sujetos de derecho
Para Ruiz Molleda, la autógrafa que Castillo observó o frenó contiene un artículo moderno y progresista que le hubiese generado pesadillas a las gran industria extractiva, el inciso 2.5 del artículo 2: “Renócese que los ríos, lagos y lagunas del Perú, tienen derecho a existir y a regenerar sus ciclos vitales y procesos evolutivos”.
“Esto significa que la naturaleza es un sujeto de derecho y no es una locura, lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios fallos. Por eso todos pusieron el grito en el cielo.
Reconocer los ríos, como sujetos de derecho hubiese significado, protección reforzada para nuestros recursos naturales lo que hubiese implicado mayores sanciones administrativas o penales a quienes contaminen. Es decir, empresas petroleras, mineras e incluso gobiernos locales”.
Para el ex congresista Bazán y Ruiz Molleda lo más probable es que la observación no haya sino iniciativa del presidente Castillo ni del ex premier Bellido, quienes firman el documento, sino de funcionarios de PCM que no quieren incomodar.
Intentamos hablar con representantes de la PCM para entender qué motivó esa decisión, pero hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.
